La Junta Directiva Nacional se dirige a la mujer peruana y a las profesionales en sociología para expresar lo siguiente:

Cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, fecha formalizada por las Naciones Unidas en 1975, para resaltar la lucha de las mujeres por la igualdad en el ejercicio de sus derechos.

El 8 de marzo de 1908, un incendio en una fábrica textil de EEUU, marcó la historia. 129 mujeres murieron en la lucha sindical, demandando 10 horas de jornada laboral y un salario igual al de los hombres que realizaban las mismas tareas. En homenaje a este acontecimiento, la Internacional de Mujeres Socialistas representadas por Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin ratificaron en 1910 que el día internacional de las mujeres reconozca este hecho histórico.

Cada 8 de marzo, honramos a las fallecidas y renovamos nuestra lucha por el acceso igualitario a los derechos.

Hoy en plena crisis sanitaria por la pandemia que azota al mundo, las mujeres están sufriendo mayores estragos. La situación de confinamiento ha acrecentado la violencia doméstica, ha aumentado la inseguridad laboral y la pérdida de empleo. Asimismo, se evidencia una sobre carga de labores en las mujeres.

El impacto diferenciado entre hombres y mujeres durante la pandemia se hace evidente a través de las cifras. De acuerdo al INEI, la tasa de desempleo femenino se ubicó en 9,6%, siendo 1,1 puntos porcentuales mayor a la registrada por los hombres (8,5%). Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informa que en las condiciones de pandemia por COVID-19, se produjo un  retroceso de más de una década en los avances logrados por la mujer en materia de participación laboral.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, desarrolló el Documento de Trabajo N° 002-2020-DP/ADM, en el que evidencia que, frente a los cambios en la dinámica de los hogares, generada a partir de la pandemia, las mujeres tienen una sobre carga de labores y ven limitadas sus posibilidades de desarrollo. Dicho Documento, entre sus conclusiones señala: “En un contexto de cuarentena, existe una sobrecarga de labores para las mujeres, ya que, a sus labores habituales, se agregan otras actividades (sin el apoyo de terceras personas), las cuales están relacionadas con el acompañamiento escolar en las clases virtuales, el mayor tiempo dedicado a las compras de alimentos y las labores de desinfección para evitar el contagio de la COVID 19. El escenario se torna aún más complicado en el caso que ellas hayan asumido responsabilidades propias del trabajo remoto por las dificultades logísticas y de tiempo que se presentan. De este modo, las labores propias del ámbito público se entremezclan con las del ámbito privado”.

De igual manera, se ha intensificado la violencia contra la mujer durante la pandemia. Es importante referir que, las niñas, niños, adolescentes y mujeres que viven situaciones de violencia se han visto obligadas a pasar más tiempo con sus agresores. De acuerdo a las cifras publicadas en el portal web del MIMP- Programa Aurora, entre el 17 de marzo al 31 de octubre 2020 se atendieron 5,982 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, de los cuales 4,177 (69.8%) corresponden a mujeres y 1,805 (30.2%) casos a hombres. Durante el mismo periodo, el programa Aurora atendió 11,730 casos de violencia contra personas adultas, de los cuales 11,266 (96.0%) casos corresponden a mujeres y 464 (4.0%) a hombres. Asimismo, de los 1066 casos de violencia que victimiza a personas adultas mayores, 780 (73.2%) corresponden a mujeres y 286 (26.8%) a hombres.

La comparación regional nos ubica como uno de los países con las tasas más altas en violaciones sexuales, con tendencia creciente desde 1995 en adelante.

Ante esto, los planes y políticas orientadas a afrontar la violencia de género requieren de un enfoque transversal, no solo orientadas a lo punitivo, entendiendo que la sanción por sí sola, no desalienta al agresor de cometer de manera reincidente este delito. Por lo mismo es fundamental la erradicación de la cultura machista y misógina que valida la violencia contra la mujer.

 Por ello, se requiere del reforzamiento de estrategias preventivas a través de la educación, atención de la infancia y adolescencia, atención en salud mental, etc.

Así mismo, es urgente la reforma del sistema de justicia para la celeridad en los procesos y cero tolerancia a la corrupción en todos los niveles. Es precisamente la corrupción la que mayor daño ha causado al país, la que hoy no permite lograr consensos y sensación de justicia en la población.

El Colegio de Sociólogos del Perú, reafirma su compromiso en la búsqueda del ejercicio igualitario de los derechos, por ser una demanda de justicia e instamos al gobierno a reforzar la implementación de políticas sociales sostenibles que contribuyan a una recuperación del país, con igualdad de género.

Perú, 08 de marzo de 2021.